UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

29 de septiembre de 2017

Senado argentino aprueba reclamo de pueblos indígenas y pasa a Diputados

Con decisión se suspende desalojo de sus comunidades

BUENOS AIRES
Los pueblos originarios de Argentina lograron este miércoles el voto favorable del Senado a su reclamo de prórroga de una ley que suspende los desalojos de sus comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

"Por unanimidad la Cámara alta dio 'media sanción' a la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que suspende los desalojos en tierras habitadas por los pueblos originarios", informó el Senado en un comunicado.

Si la prórroga es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Miembros de los pueblos originarios de Argentina protestaron este miércoles frente al Congreso Argentino, exigiendo una ley que prohíba los desalojos de pueblos originarios de sus tierras ancestrales.(AFP)

Los manifestantes buscan que el Congreso prorrogue por tercera vez la norma aprobada en 2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años un estudio territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas las comunidades indígenas.

La norma ya fue prorrogada en 2009 y 2013 y vence en noviembre próximo.

"La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades (indígenas) que existen en el país, solo han sido relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están esperando", dijo a la AFP Roberto Ñancucheo, un líder mapuche que participó de la protesta.

El objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se termine este estudio y se apruebe "una ley de propiedad comunitaria", explicó.

Ñancucheo insistió en que el Estado argentino "tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios" pero aclaró que en esta ocasión están "reclamando que paren lo que ocurrió en Argentina en los últimos 20 años".

"Existen conflictos en todo el país. Son territorios desalojados por los sojeros, las mineras, los empresarios", agregó.

Aseguró que "los indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia".

"No puede haber esta injusticia de un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el empresario Benetton", insistió.

El empresario italiano Luciano Benetton es dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales al sostener que ellos son pueblos preexistentes al Estado argentino.

El reclamo se renueva cuando todas las miradas del país se posaron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, instalada en terrenos que compró Benetton en los años 90, y donde desapareció el 1 de agosto el joven Santiago Maldonado, solidario con la causa de ese pueblo, durante un violento operativo de la gendarmería (policía militar).


El Senado votó la prórroga de la Emergencia Territorial para los Pueblos Originarios

Media sanción al freno de los desalojos
La Cámara alta aprobó por unanimidad prorrogar la ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas en conflicto hasta noviembre de 2021. Ahora la norma deberá ser debatida en Diputados. En la sesión, Pichetto volvió a hablar de una supuesta “violencia extrema" en la Patagonia y resaltó la militarización de la región chilena de la Araucanía como un ejemplo a seguir.


En las afueras del Congreso hubo una concentración para reclamar la prórroga de la Emergencia Territorial. Imagen: DyN

Con 62 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, el Senado dio la media sanción a la reclamada prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. En las afueras del Congreso, un acampe de representantes de cuarenta comunidades originarias se concentró para seguir el debate.

La norma había sido aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013. Contempla la realización de un relevamiento territorial de los lugares en donde están establecidas comunidades indígenas, que no fue completado. A once años de la sanción de la ley, sólo 459 de 1532 de las comunidades fueron relevadas, por lo que sin la prórroga, más del 65 por ciento corrían el riesgo de ser desalojadas.

Durante la vigencia de la emergencia, que ahora durará hasta noviembre de 2021, se prohíbe todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están instalados hasta que se complete el relevamiento.

El oficialismo, que había anticipado que respaldaría extender la Emergencia Territorial, planteó su deseo de que la nueva prórroga fuera solo por dos años y medio, algo que fue rechazado por la bancada del PJ-FpV y otros bloques opositores. Finalmente los senadores de Cambiemos acompañaron el plazo de cuatro años.

“No era para entorpecer, era una oferta para intentar mejorar. No lo comparten, no hay problema, vamos a votar los cuatro años”, expresó Ángel Rozas, hasta hoy presidente del interbloque de Cambiemos. “A lo mejor, si el Ejecutivo cumple con lo que prevé, antes de los cuatro años se pueda completar”, añadió.

Antes de Rozas expuso el titular del bloque del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, quien expresó su respaldo a la prórroga pero volvió a dedicar su discurso a la supuesta amenaza de grupos violentos en la Patagonia, a los que vinculó con los mapuches. “Hay situaciones con un grupo identificado con la violencia extrema y con el no reconocimiento al territorio nacional”, sostuvo el senador rionegrino y se refirió escuetamente a la desaparición de Santiago Maldonado, tema que recorrió la mayoría de los discursos en la sesión.

Pichetto planteó “la necesidad de saber la verdad de lo que pasó con Maldonado” y lanzó una “opinión personal”. “Para mi no hay tierra sagrada. No puede haber ningún espacio de tierra en el territorio argentino que no esté bajo las autoridades de la Argentina”, afirmó. Pidió “buscar mecanismos de pacificación” y puso como ejemplo la situación de la región de la Araucanía en Chile, que “queda bajo jurisdicción militar del Ejército chileno”. “No quiero decir que hagamos lo mismo acá, vulneraríamos la Ley de Seguridad Interior”, aclaró rápidamente, pero insistió en que “la Argentina tiene que dejar de ser ingenua”.

Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras


Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.

Soledad Quiroga

Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios

La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.

Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”

En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.


Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.

Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”. 

El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.

28 de septiembre de 2017

Marchan en Argentina para pedir la prórroga a la ley que impide desalojar indígenas


© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE


Cientos de personas se movilizaron hoy en Buenos Aires para pedir al Congreso que prorrogue la ley de 2006 que obliga a suspender los desalojos en tierras de comunidades indígenas y exigir la "reparación histórica" de estos pueblos, que enfrentan desde hace medio siglo una dura disputa territorial.


"Vinimos a levantar la voz. Porque desde hace 500 años, los pueblos originarios venimos resistiendo la conquista. Primero del imperio español, después de los estados nacionales, y todavía estamos acá", dijo a Efe Orlando Carriqueo, portavoz del pueblo Tehuelche de Río Negro, al sur del país y representante de 120 comunidades de la Patagonia argentina.

Referentes de los Mapuches, Qom, Wichis, Villela, Sanavirones y Guaraníes, entre otros, se congregaron en el centro de la ciudad con pancartas, tambores y banderas de pueblos originarios para reclamar por sus derechos y destacar que la extensión de esta norma, que vence en noviembre, es un acto de "justicia".

En concreto, la ley 26.160, aprobada en 2006 y que ya tuvo diferentes prórrogas, declaró la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspendió la ejecución de sentencias que implicaran la desocupación de esos lugares.

© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE


Además, ordenaba realizar un estudio sobre todo el territorio para establecer qué tierras correspondían a cada comunidad y quedaban inmunizadas ante los desalojos, pero, según denuncian los pueblos originarios, una década más tarde sólo un 30 % de ellos tiene títulos de propiedad de sus tierras.

Acompañados de organizaciones sociales, partidos de izquierda y sociedad civil, las distintas comunidades indígenas conformaron una extensa columna y marcharon hacia la sede del Congreso argentino, donde realizarán una vigilia para pedir que se extienda la ley al menos otros cuatro años más.

Carriqueo destacó que no quieren la tierra "como una mercancía", ya que para ellos "no tiene precio" y el valor reside en que su cultura depende de la tierra para desarrollarse.

En su opinión, esto colisiona con un Estado capitalista y una sociedad que no asume que hay muchas identidades dentro de Argentina "que también han construido este país".

"'Petu mogueleiñ', dice nuestra bandera: todavía estamos vivos", apuntó.

Con él coincidió Sandra Silva, werkén (mensajera, portavoz) de los mapuches Pewel Katuwe de San Rafael, provincia de Mendoza (oeste), al apuntar en una entrevista con Efe que todos sus ancestros están en esas tierras.

"Somos pueblos preeexistentes, entonces toda la historia esta ahí, no te pueden correr (echar), es como que te vayan a correr de tu casa: es imposible que lo hagan, pero lo están haciendo", denunció.

A su juicio, lo ideal sería que la ley se prorrogase indefinidamente porque "cuesta mucho" que las 2.500 comunidades que existen en el país tengan los papeles al día.

La movilización se produce después de que diputados de los principales partidos políticos del país se reunieran este martes con representantes de pueblos originarios y se comprometieran a votar la prórroga de esta ley.

La sesión especial de la Cámara de Diputados que se celebrará el próximo 4 de octubre podrá dar el visto bueno a la Ley, pero para ello necesitará también la aprobación del Senado.

25 de septiembre de 2017

¡EXIGIMOS JUICIO Y CARCEL PARA LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR!





Territorio Chuschagasta, 22 de septiembre de 2017


Pueblo Nación Diaguita – Valle de Choromoro / Dto. Trancas (Tucumán).


Desde nuestro territorio ancestral nosotros, los Chuschagasta, denunciamos una vez más el avasallamiento y la violencia por parte de los autoproclamados “terratenientes” con la complicidad del gobierno de turno y su brazo represivo.

Hoy en horas de la mañana ingresaron a nuestro territorio personas desconocidas en un vehículo patente GGS-965. Dichas personas estaban en compañía de Maria Sofía Herrera De Amin, madre del ASESINO Darío Luis Amín, quien pretende apropiarse de parte de nuestro territorio con la ambición de explotar una cantera de lajas. 

Esa codicia es la que lo llevó a asesinar a nuestra autoridad comunitaria Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 y a herir de gravedad a los comuneros Delfin Cata, Emilio y Andrés Mamani, acompañado por los sicarios Jose Valdivieso y Humberto Gomez (ambos con participación activa en la última dictadura militar).

Maria Sofía Herrera de Amin y los dos hombres desconocidos, recorrieron distintos puntos de nuestro territorio, anduvieron por las cercanías de la casa del comunero Ismael Chocobar y finalizaron en la cantera.

Al verlos merodeando, nos hicimos presentes comuneros y comuneras de Chuschagasta, entre los que se encontraban parte de la familia de Javier Chocobar. El presidente de nuestra comunidad, Audolio Chocobar (hijo de Javier Chocobar), se presentó con los desconocidos y con la mujer y les informó que estaban en Territorio Ancestral Diaguita, perteneciente a la comunidad Los Chuschagasta y sobre los derechos colectivos vigentes, entre ellos sobre la ley 26160. Además advirtió sobre el malestar de la comunidad por el asesinato impune de nuestra autoridad Javier Chocobar. Ante lo cual la respuesta de Amin fue que están haciendo un relevamiento sobre el agua y que tienen intenciones de realizar un emprendimiento turístico. 

Una vez más la familia Amin ingresa irrespetuosamente a nuestro territorio, deambula impune con el miedo y la angustia que genera en los comuneros, y continúa con la misma ambición de lucrar con nuestro territorio. En este momento nuestras autoridades se encuentran realizando las denuncias pertinentes en la comisaria correspondiente. 

REPUDIAMOS una vez más el accionar impune de la familia Amin que en reiteradas ocasiones viola nuestros derechos colectivos como pueblo preexistente. Asimismo expresamos que todo hecho de violencia que se pueda desencadenar será responsabilidad de la inacción de la justicia tucumana, del estado provincial y nacional que mira para otro lado y no garantiza nuestros derechos como pueblos preexistentes.

Reafirmamos una vez más que no estamos dispuestos a seguir soportando ningún tipo de presión ni burla por parte de estos asesinos. Defenderemos con toda nuestra fuerza nuestro territorio ancestral.

Hoy nos encontramos en Asamblea, alertas y movilizados.

¡EXIGIMOS JUICIO Y CARCEL PARA LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR!

¡NUESTRO TERRITORIO NO ES MERCANCIA!

COMUNIDAD LOS CHUSCHAGASTA (personería jurídica Nº 03 / RENACI – INAI)

22 de septiembre de 2017

¡PRORROGUEN LA LEY 26160!





En una jornada más de trabajo por el cumplimiento de nuestros derechos y el reconocimiento a las Organizaciones Legítimas de los Pueblos, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, miembros del Consejo del Pueblo Tastil y estudiantes del CEUPO (Comunidad de Estudiantes Universitarios de Pueblos Originarios) de la UNSa, fueron parte de reuniones de trabajo con legisladores nacionales en virtud del pedido de tratamiento urgente de la prórroga de la Ley N° 26.160, Ley de Emergencia y Relevamiento Territorial de los Territorios originarios.


Debido al NO tratamiento sobre tablas de la prórroga de esta Ley, en la pasada sesión del 07 de setiembre en el Senado de la Nación y frente a su caducidad inminente en Noviembre de este año, nos reunimos a horas 10, con la Senadora Nacional Dra. Cristina Fiore del Partido Justicialista. 

En la reunión, la Senadora, explicó que con su voto negativo en la sesión del 7 de setiembre solicitó un informe de implementación de la Ley, que transparente la utilización del presupuesto destinado al relevamiento efectivo de los territorios comunitarios de los Pueblos Indígenas y los resultados concretos obtenidos a lo largo de los 8 años de aplicación. Asimismo, advirtió que el tratamiento sobre tablas fue, desde su percepción, una estrategia política aprovechable por determinados sectores en el marco de un año electoral.

Como conclusión, Fiore manifestó apoyar plenamente la prorroga; tal cual la demandan las organizaciones de Pueblos Originarios, y su disposición al diálogo con el sector para avanzar sobre otros temas urgentes como la Ley de Titulación de nuestros Territorios y la Ley de Consulta y Participación.




En ese mismo sentido, a hs. 15 se establece el dialogo con el Diputado Nacional Pablo López, del Parido Obrero, quien reafirmó su postura en llevar adelante la prórroga de la Ley y generar espacios de diálogo para interiorizarse de nuestros derechos y acompañar su efectivo cumplimiento. Acompañaron Delegados del Consejo del Pueblo Tastil y la hermana Carmen Sánchez del Pueblo Guaraní y en representación de comunidades Wichi, Qom y Weenhayek de Embarcación.


Por último, reafirmando nuestro rol de actores políticos y sociales en movilización permanente, en apoyo a las reivindicaciones de los Hermanos del Pueblo Mapuche y en reconocimiento hacia quiénes desde múltiples sectores acompañan la lucha de nuestros pueblos, participamos de la movilización que se realizó en Plaza 9 de Julio de la capital salteña, convocada por la Desaparición de Julio López y de Santiago Maldonado. En esta oportunidad, al finalizar la marcha, mediante nuestros delegados tomamos la vocería para expresar que: 

“en este contexto nacional, con la llegada de una nueva gestión nacional, la política indígena estatal ha sufrido un retroceso abismal en materia de participación y de gestión; “

“que las áreas con participación de los pueblos originarios en distintos organismos se han ido diluyendo; “

“que es urgente el conocimiento y cumplimiento del derecho indígena y el reconocimiento de las formas organizativas propias de nuestros pueblos porque el accionar arbitrario del gobierno nacional está atacando la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias”


Exigimos: 
● El pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. 
● Renuncia de la Ministra Patricia Bullrich.
●Justicia por el accionar de gendarmería en el operativo en la Lof en Resistencia Cushamen. 
● Prorroguen la ley 26160 por unanimidad en Diputados y Senadores. 
● Reglamentar la Consulta y Participación.
● Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. 
●Respeto por los derechos constitucionales en Estado de Democracia. 
● Rechazo a la criminalización y persecución a los pueblos originarios.
● Libertad al Lonqo Facundo Jones Huala.
● Justicia Por Javier Chocobar.
● Aparición con vida de Santiago Maldonado

15 de septiembre de 2017

TUCUMÁN: REPUDIO ANTE EL DESALOJO DE LA FLIA CRUZ EN VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE ARGENTINA A LEGISLADO Y FIRMADO.


15 de septiembre de 2017

TERRITORIO DEL PUEBLO NACIÓN DIAGUITA, Valle de Choromoro – Dto. Trancas – Actualmente provincia de Tucumán.

Comunidad PUEBLO DE TOLOMBÓN - Personería Jurídica Nº 0053 (RENACI / INAI)

En horas de la mañana, 10 policías y el terrateniente Pedro Critto ingresaron al territorio de la Base Gonzalo del Pueblo Tolombón-Nación Diaguita para llevar a cabo el desalojo del comunero Juan Cruz, violando el Derecho indígena vigente.

El operativo se encontraba a cargo del Comisario Dante Santillán, quien se negó a leer la orden de desalojo y que solamente se limitó a decir que la orden había sido firmada por el hermano de Juan Cruz, hecho que los comuneros desmienten ya que en ese momento no había nadie en la vivienda. 

La policía intentó cargar las pertenencias de la casa del comunero en una camioneta que pertenece al terrateniente Pedro Critto (lo cual da cuenta del nivel de promiscuidad que hay entre las fuerzas de seguridad y los terratenientes de la zona), sin embargo, la comunidad se opuso y lograron rescatar los objetos.

Los comuneros informan que no estaban al tanto de ninguna orden de desalojo y denuncian la ilegalidad del accionar y de los procedimientos de las fuerzas de seguridad que actúan en la zona impunemente en complicidad con los terratenientes y el poder judicial de la pcia. Luego de la destrucción total de la vivienda dejaron dos efectivos policiales con el objetivo de seguir amedrentando a los comuneros.

La Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon cuenta con el relevamiento territorial finalizado en los términos que contempla la ley Nº 26.160 de orden público, sin embargo, se siguen violando los Derechos de la posesión ancestral, no tan solo les están arrebatando los sembradíos de las familias que son el sustento diario, sino que también están intentan despojarlos de su territorio Ancestral.

Las correspondientes denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades del INAI por parte del Cacique del Pueblo Tolombón.

LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, a la espera de una respuesta concreta por parte del Estado Nacional y Provincial que garantice los derechos de los pueblos originarios, el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, la ley N° 26160, el Código Civil y Comercial de la Nación, el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y los Derechos Humanos fundamentales.

En la actualidad el Pueblo de Tolombón cuenta con setenta causas judiciales por defender su territorio de la codicia de los terratenientes que ven en él un “objeto económico”. 

DENUNCIAMOS la persecución y hostigamiento hacia comuneras y comuneros que en su gran mayoría son de avanzada edad, oscilan entre los 70 y 90 años. 

REPUDIAMOS la ilegalidad con que actúan las “fuerzas de seguridad” la violencia ejercida por la misma, la alevosa connivencia con los terratenientes para intentar someter al Pueblo de Tolombón.

EL PUEBLO TOLOMBÓN REAFIRMA NUEVAMENTE EL LEGADO DEJADO POR SUS MAYORES Y CON MÁS FUERZAS CONTINUA LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO ANCESTRAL.






7 de septiembre de 2017

¡TERRITORIOS SIN PATRONES!


Territorio Chuschagasta, 6 de septiembre 2017

Pueblo Nación Diaguita – Valle de Choromoro / Dto Trancas (Tucumán)

Comunidad Los Chuschagasta (personería jurídica Nº03/ RENACI – INAI)

Desde nuestro territorio ancestral, nosotros como parte del pueblo Nación Diaguita uno de los 40 pueblos originarios preexistentes en lo que hoy se conoce como Argentina decimos: 

Nuestra preexistencia es milenaria, no consta de unos pocos años sino que, por el contrario, hemos resistido y sobrevivido a los embates de la colonización de la corona española, como así también ante la conformación del estado nacional, que apenas si tiene poco más de 200 años desde su creación. Las bases para la fundación de este estado fue el genocidio originario, de cuyos crímenes nadie habla y mucho menos reconoce. 

La violencia y la crueldad con que trataron desde aquel entonces a nuestra gente está grabada en nuestros cuerpos y en nuestra memoria colectiva. Intentaron aniquilarnos, a muchos de nuestros padres y abuelos los redujeron a la servidumbre, nuestros niños quedaron huérfanos, con sus madres muertas y violadas por los españoles primero, y por el ejército argentino después. Nos impusieron un idioma distinto, espiritualidad y educación occidental en nombre de “la civilización”. Una civilización bajada de los barcos, que pasó a engrosar las filas del genocida Cristóbal Colón y de Julio Argentino Roca. Así empezaba a gestarse la gran "nación" argentina, a base de genocidio, muertes y despojos hacia las naciones originarias. 

Los mismos de ese entonces, sus herederos, perviven hasta nuestros días con las mismas prácticas colonialistas. Así como nosotros hemos transmitido de generación en generación nuestra cultura e identidad ellos transmitieron a sus generaciones el odio y el desprecio por los originarios. A lo largo de la historia fueron imponiendo distintos instrumentos de sometimiento, estigmatizando a los pueblos originarios, construyeron a través de la “historia oficial” un discurso descalificador y negador que se adaptaba a sus intereses de quedarse con lo que no les correspondía, con nuestros territorios e identidad. 

Por muchos años hemos vivido negando nuestra identidad originaria por miedo no solo a la represión sino también a la discriminación que nos ha perseguido desde la creación del estado argentino.

Sin embargo aquí estamos vivos, organizados, dinámicos y en un continuo fortalecimiento identitario que difícilmente se detenga a pesar de que muchos así lo quisieran.

Los chuschagasta seguimos exigiendo justicia para nuestra autoridad Javier Chocobar que fue asesinado el 12 de octubre de 2009. A Javier Chocobar le quitaron la vida por defender nuestro territorio ancestral sus asesinos el terrateniente – usurpador Dario Luis Amin, José Valdivieso y Humberto Gómez (estos dos últimos ex policías ligados y con gran participación en la última dictadura cívica militar). En ese mismo hecho también fueron heridos Delfin Cata, Emilio y Andrés Mamani. 

A casi ocho años ya del asesinato de Chocobar aun sus asesinos gozan de libertad y no hemos logrado llegar al juicio oral. Con total impunidad el asesino Dario Luis Amin volvió al territorio en noviembre de 2013 acompañado por no menos de quince efectivos de gendarmería ingresando a las casas de nuestros comuneros, incluyendo la casa de la propia familia de Javier Chocobar dejando una vez más al descubierto la complicidad existente entre las fuerzas de seguridad, terratenientes, poder judicial y los gobiernos de turno. En la actualidad nuestro comunero Ismael Chocobar (sobrino de Javier) esta siendo hostigado y pesa sobre el un inminente juicio, la causa es realizada por el propio asesino Dario Luis Amin, Santiago Amin y Maria Sofia Herrera de Amin (madre y hermano del terrateniente asesino). La familia de los terratenientes acusan a Ismael Chocobar de "usurpar" su propia casa paterna donde han vivido desde siempre sus abuelos. La justicia tucumana viciada por el poder oligárquico que de generación en generación ha estado al frente de una provincia que distribuye el poder entre unos pocos. Son los mismos que administran “justicia”, "hablan de derecho", "de religión" y persiguen a los pueblos indígenas les inventan causas, arreglan con los jueces y las fuerzas de seguridad. Esta red de complicidades evidencian la corrupción, la discriminación y xenofobia que está enquistada históricamente. 

No obstante, esta realidad territorial, tanta opresión y discriminación, no hizo otra cosa que fortalecernos día a día con la convicción plena del legado que nos dejaron nuestros mayores a quienes honramos defendiendo el territorio y así lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Hemos fortalecido nuestra identidad como originarios muy para el pesar de los que históricamente trataron y tratan de invisibilizarnos de quebrar nuestra institución viva como Pueblo Nación Diaguita aquí seguimos fortaleciendo lo colectivo, lo espiritual e intercultural. 

Repudiamos la persecución que vienen sufriendo los pueblos originarios, persecución y estigmatización que recrudeció desde la llegada del nuevo gobierno que solo vino a intentar despojarnos de nuestros derechos adquiridos y no a garantizarlos, como lo manda la constitución nacional. 

Repudiamos en especial la persecución hacia el Pueblo Nación Diaguita y al Pueblo Nación Mapuche por parte de los mal llamados “medios de información” y sus operadores mediáticos que con falacias intentan correr el eje de la discusión: la falta de políticas indígenas, la violación de derechos y la inconstitucionalidad de su accionar. Un estado que enjuicia y réplica prácticas colonialistas que quita derechos colectivos que niega la diversidad de identidades originarias existentes en Argentina, que fomenta a través de noticias infundadas el odio y genera más racismo hacia los pueblos originarios.

Los medios reproducen muchos miedos y teorías ridículas y sin fundamento. No es cierto que los pueblos originarios quieran formar un estado dentro de otro estado, es una discusión ajena a nosotros. Lo que queremos es autonomía y territorio para desarrollarnos de acuerdo a nuestra cosmovisión. De igual modo, respecto a la polémica de que “si los mapuches son chilenos o argentinos”, ni una ni la otra, son Mapuches, con ciudadanía chilena o argentina, pero Mapuches. Los une su idioma, su historia, su cultura, sus saberes, su relación con el territorio. 

Existe mucha subestimación hacia las organizaciones indígenas. Queremos ser parte de la construcción de un nuevo estado, de una argentina que reconozca las 40 identidades originarias que aquí convivimos en interculturalidad con el resto de la sociedad donde también reconocemos a otras identidades que no son originarias. 

Reivindicamos nuestra identidad y preexistencia y decimos una vez más que: ¡se terminaron los patroncitos! No somos “indios truchos” ni somos violentos por naturaleza, como se pretende instalar desde algún sector de la sociedad para evadir el hecho de que la Argentina está prácticamente vendida, y que no solo la vendieron por centavos a extranjeros como Benetton y Lewis, también el mismo presidente macri ha comprado tierras por monedas en Salta, con hermanos y hermanas dentro de esos territorios que luego pretenden desalojar. 

A los hermanos y hermanas mapuches del Pu Lof en resistencia de Cushamen les enviamos desde nuestro territorio toda nuestra fuerza para seguir en la lucha y nos solidarizamos con el avasallamiento que están sufriendo. De igual modo, enviamos fuerza a todos los pueblos originarios y sus comunidades que están sufriendo la persecución y hostigamiento en todos los territorios del país ante el avance de la derecha que vino a terminar de saquear los recursos naturales y que se niega a aceptar que ya no estamos dispuestos a agachar la cabeza, porque no los reconocemos como patrones y porque queremos nuestros territorios de vuelta!

Hablamos desde nuestro territorio ancestral, reafirmando una vez más que seguiremos defendiendo el territorio y que bajo ningún punto de vista queremos que se vuelva a repetir otro atropello como el que sufrimos y que dio como resultado el asesinato de uno de nosotros.

Dejamos en claro que toda la represión siempre ha sido desde las fuerzas seguridad en complicidad con los terratenientes y el estado en todos sus poderes. Es entonces al estado nacional y provincial que responsabilizamos si ocurre otro hecho de violencia o avasallamiento hacia la comunidad Los Chuschagasta.

¡EXIGIMOS APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! ¡RESPONSABILIZAMOS A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PATRICIA BULLRICH!

¡BASTA DE PERSECUSIÓN AL LOF EN RESISTENCIA DE CUSHAMEN!

¡CESE DE VIOLENCIA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CONTRA NUESTRAS COMUNIDADES!

¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR! ¡JUICIO YCÁRCEL PARA SUS ASESINOS!

¡DENUNCIAMOS EL SILENCIO Y LA INACCIÓN DEL INAI COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA INDÍGENA Y DE NUESTROS DERECHOS!

¡DENUNCIAMOS LA COMPLICIDAD LOS MEDIOS DE (IN)COMUNICACIÓN, COMO LA NACION, CLARIN Y LANATA, EN LA CRIMINALIZACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS!

¡EXIGIMOS AL CONGRESO QUE APRUEBE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 COMO UNA HERRAMIENTA JURÍDICA FUNDAMENTAL PARA DETENER LA VIOLENCIA Y DESALOJOS EN NUESTROS TERRITORIOS!

¡EXIGIMOS AL CONGRESO EL TRATAMIENTO Y SANCIÓN DE UNA LEY DE TITULARIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

6 de septiembre de 2017

CATAMARCA: SE PRODUJO UN DERRAME DE AGUA CIANURADA EN LA MINA FARALLÓN NEGRO




LA EMPRESA, QUE AUMENTÓ SU PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA, MANTIENE UN CONFLICTO LABORAL CON SUS TRABAJADORES. ACERCA DEL DERRAME NO EMITIÓ NINGÚN COMUNICADO, TAMPOCO EL GOBIERNO CATAMARQUEÑO QUE ES UNO DE LOS DUEÑOS DE ESTA MINA.

La noticia trató de pasar por alto en medio de la realidad, marcada por la política, ni siquiera los 1300 habitantes del pueblo catamarqueño que deben convivir con la megamineria lo supieron, pero en las últimas horas se filtró la noticia: una válvula se desprendió y hubo un derrame de agua cianurada en la mina Farallón Negro, en el oeste de Catamarca. La mina es explotada por Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), que integran el Estado Nacional, la Universidad de Tucumán y el propio gobierno provincial.

La falla se produjo en el circuito de lixiviación y según informa el diario Ancasti, se paró la producción de la mina, pero aún no hay ninguna novedad sobre el impacto ambiental del derrame. Los derrames producidos por Barrick Gold en su mina Veladero, tuvieron el mismo comienzo. La lixiviación es el proceso en el cual se separa la roca del oro o la plata, por medio de una solución líquida de agua, cianuro, cal y demás compuestos químicos, altamente contaminantes. Cuando este líquido se derrama, pronto encuentra su natural escape hacia las vegas o pendiente que termina en las nacientes de los ríos.

El derrame en Farallón Negro se produce en medio de una compleja situación legal de la empresa. En primer lugar, no produjo ningún comunicado acerca de este escape de agua cianurada. El año pasado decidió cerrar su planta de refinamiento que tenía en la capital catamarqueña donde producía lingotes de oro y granallas de plata, que exporta. Hace un mes que sus empleados mantienen un reclamo salarial. En simultáneo, según lo difunde un informe de Télam, la empresa logró en los últimos 10 años incrementar un 63% el tratamiento de materiales, 101% la producción de oro y 72% la de plata.

La desidia, los malos tratos laborales, y la contaminación marcan todos los proyectos de la megamineria. Un aumento en la mayor producción de metales preciosos siempre viene acompañado de derrames y accidentes que producen efectos desastrosos en el medio ambiente, desesmascarando el verdadero objetivo de la industria: obtener la mayor cantidad de dinero prescindiendo de los cuidados ambientales.

La empresa, como todas las de su tipo, difunde un guión que es totalmente falso, y que no tiene fundamento en la realidad. Desde su página web, asegura que “todas las etapas del proceso productivo están provistas de la tecnología más eficiente. Se trabaja por la optimización continua del uso de los recursos naturales y la energía, y aplicando día a día las más estrictas medidas de control y seguridad”

La mina, que comenzó a operar en 1978, recibió la visita de inspectores de la División Policia Minera y de la Dirección de Gestión Ambiental Minera provinciales, quienes labraron un acta, el paso formal para muchas veces obstaculizar investigaciones serias y competentes que demuestran el grado real de contaminación que producen estos derrames.

3 de septiembre de 2017

DESPOJO HISTORICO

En 1959, Bayer denunció el “despojo” de las tierras mapuche de Cushamen

En La ChIsPa, el escritor se ocupó del robo a la familia Nahuelquir. Fue el primer paso para que las tierras terminaran en manos de Benetton. La vigencia de una historia que hoy tiene a Santiago Maldonado como nueva víctima.

Santiago Rey


Portada del periódico La Chispa, de 1959

"Es urgente que los legisladores aclaren los despojos de Cushamen". Así tituló La ChIsPa en 24 de enero de 1959 una nota escrita por Osvaldo Bayer -fundador y director del medio- sobre el robo de tierras a Rafael Nahuelquir, en el noroeste de la Provincia de Chubut.

Como integrante de la comunidad Ñancuchi Nahuelquir, Rafael era uno de los habitantes del predio de 625 hectáreas que le correspondieron en la distribución realizada en 1899, entre los ocupantes originarios de la zona. Puntualmente, ocupaba el denominado lote 140 de la Colonia Cushamen.

La Ley 1501 organizó la entrega de esas tierras, distribuidas en 200 lotes de 625 hectáreas cada una.

El detalle del despojo de esos territorios, lo expuso Bayer en la publicación La ChIsPa, editada en Esquel, en 1959. El periódico sólo duró cuatro meses -ocho números-, pero fue tiempo suficiente para que el periodista, escritor e historiador deje sentada su mirada sobre el proceso de corrimiento y matanza de los pobladores originarios de esas tierras.


Osvaldo Bayer (foto gentileza)

El periodista Bruno Nápoli editó hace pocos meses un libro con los facsímiles del periódico La ChIsPa. Los textos referidos a la situación en Cushamen se convierte en un material motivo de consulta clave para entender la vigencia del reclamo mapuche en ese territorio.

Nápoli repasa que “en 1958, Osvaldo Bayer se radica en la ciudad de Esquel, contratado por el diario local como redactor. Por diferencias insalvables en el tratamiento político de las notas, es despedido del diario, sin paga y con una acusación desopilante: tentativa de homicidio contra el empresario/dueño del medio. Lejos de correrse de escena, decide quedarse y fundar el periódico 'La ChIsPa'”.

En ese periódico “denuncia a los latifundistas y terratenientes del lugar, describe con detalle el robo de las tierras de Cushamen por parte de comerciantes y políticos, celebra la revolución cubana, y desgrana toda su pluma contra las políticas económicas heredadas del golpe de 1955 y continuadas por lo que el periódico llama 'la gran estafa argentina' (el gobierno de Arturo Frondizi)”.


Portada de La Chispa (foto Facebook La Chispa - Osvaldo Bayer)

La ChIsPa -que como “bajada” agregaba en su portada “Contra el Latifundio-Contra el Hambre-Contra la Injusticia”- investigó “el tema de las tierras de Cushamen”. Textualmente, el primer artículo de la serie, señalaba: “Hace cerca de cuarenta años que el Estado entregó al jefe aborigen Rafael Nahuelquir un predio de 625 hectáreas en el lote 140 de la Colonia Cushamen (…) así comienza el detallado drama de la tierra en Cushamen (…) que publicaremos en nuestras páginas a partir del próximo número”.

En el número siguiente del periódico, bajo el título “Los dramas negros de Cushamen”, el medio detalla que “un ciudadano árabe de nombre Juan Sfeir (…) solicitó al jefe aborigen Rafael Nahuelquir le alquilara la casa en que éste vivía, en el lote 140 de la colonia. El señor Sfeir nunca pagó un centavo a Rafael Nahuelquir, y además se negó a entregar la casa, que luego vendió con mejoras de su propiedad a otro ciudadano árabe: Heikel El Khazen. Este caballero estableció un comercio y desde él comenzó el despojo de las familias aborígenes de la colonia”.

El medio creado por Bayer detalla un engorroso proceso, en el que se vieron perjudicados la viuda e hijos de Nahuelquir; y, en cambio, como el comerciante Julio Telleriarte y el tasador Luis Zuschlag operaron para quedarse con las tierras. La estrategia incluyó un remate, realizado “sin notificar a los herederos”, y del cual fue comprador el propio Telleriarte, aquel comerciante que debía interceder ante el tasador.


Artículo de La Chispa, de 1959 (foto Facebook La Chispa - Osvaldo Bayer)

Bayer lo relató así: “En resumen: muerto el jefe de la familia se nombró un tasador de los bienes. Ese tasador exigió la suma de 160 pesos por el pago. Los hijos de Nahuelquir pagaron esa suma a Luis Telleriarte, quien les dio un recibo. Años después el tasador reclamó el pago de los 160 pesos ante el juez”.

“El juez -agregó el periodista, en 1959- ordenó entonces el remate de los bienes de Nahuelquir resultando comprador nada menos que Luis Telleriarte, quien hizo un gran negocio”.

“Del dinero obtenido en el remate los herederos no han recibido hasta la fecha un solo centavo. Les queda la casa habitación que valientemente se negaron a desalojar”, detallaba La ChIsPa.

Telleriarte se convirtió en Diputado Provincial por la Unión Cívica Radical del Pueblo, en Chubut, y pidió una “investigación” por las publicaciones de La ChIsPa. Bayer lo provocó desde las páginas de su medio: "Él comenzó el principio del camino como un vulgar ciudadano, luego acumuló dinero y experiencia y con eso pensó que nadie se iba a cruzar en su camino, pero el hombre propone y Dios dispone: se reunieron varios hombres responsables y valientes y crearon el periódico La Chispa, ¿para qué? Para decir la verdad aunque ésta sea dicha a señores que hoy son legisladores".

Y continuó: “¿Porqué pide el citado legislador una investigación parlamentaria?,¿porqué no pide que la Justicia intervenga como correspondería?, ¿tendrá cola de paja y miedo a que se le queme? (…) Por último contestaremos al señor Telleriarte sobre algo por él dicho: 'Sin prestigio no podría sentarme un minuto más en esta banca' ¿Qué espera para levantarse Señor Telleriarte, o cree por ventura tener prestigio?”.


Portada del libro La ChIsPa (foto Facebook La Chispa - Osvaldo Bayer)

Uno de los artículos sobre el tema se publicó en la tapa del periódico, junto a un recuadro que daba cuenta de otra noticia relacionada con la situación de la tierra y la explotación de los trabajadores rurales. “Leleque no pagar” es el título bajo el cual se detallan los resultados de una asamblea de socios de la Sociedad Rural de Esquel. “Los latifundistas ingleses dicen no tener plata para pagar el pan de los trabajadores criollos, que con el sudor de sus frentes mantienen a todos esos 'misters' y 'ladies' de Londres, que se hallan prendidos como garrapatas de nuestra sangre”, concluía el artículo.

Se trata de la misma Sociedad Rural que 58 años después firmó un comunicado reclamando protección para sus latifundios, “amenazados” por el reclamo territorial de los pueblos originarios. Ni una línea dedicó la Sociedad Rural en ese comunicado a la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La zona arrebatada por Telleriarte es parte de la estancia que pasó por manos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A., y ahora posee Luciano Benetton; los territorios son los mismos que recuperaron los integrantes del lof en Resistencia Cushamen; las víctimas de aquellos sucesos y de la represión de hoy siguen siendo las mismas.


(foto Alejandra Bartoliche - Patagonia Fotopress)


1 de septiembre de 2017