UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

18 de noviembre de 2017

DECLARATORIA del Foro Internacional “CONSULTA, CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO Y AUTODETERMINACIÓN”

Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe se pronuncian sobre la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. –

Pueblos y comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y conocer el estado de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en América Latina y el Caribe, denuncian que este derecho no se garantiza de conformidad con los estándares internacionales.

En México y en otros países de la región domina la captura política de los estados por parte de las empresas que privilegia el acceso a los bienes comunes naturales para las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial, a costa de los pueblos indígenas. En las iniciativas legislativas sobre consulta, tales pueblos son excluidos de los procesos políticos y, como regla general, la presión corporativa ejerce mayor influencia que sus reivindicaciones y prioridades de desarrollo. 

En algunos países se viene discutiendo la adopción de leyes sobre consulta, bajo el argumento de que su ausencia impide la implementación del referido derecho y perjudica la seguridad jurídica para las inversiones. Nos preocupa profundamente que, en México, una ley de este tipo institucionalice la consulta como un mero trámite administrativo que atenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables. 

Los pueblos y comunidades indígenas que firman este pronunciamiento destacan que los procesos de consulta que se han desarrollado en la región no han servido para garantizar sus derechos humanos. Muy por el contrario, los procesos de consulta se han convertido en espacios de legitimación y regulación de proyectos de inversión previamente negociados entre empresas y gobiernos. En general, los procesos de consulta no son previos; se han llevado a cabo cuando los proyectos de inversión ya están siendo implementados y/o aprobados. Asimismo, se han caracterizado por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, la promoción de la división comunitaria, la criminalización de líderes y lideresas, la omisión de medidas para garantizar la participación de las mujeres y de identificación de los impactos diferenciados en perjuicio de ellas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así también los procesos de consulta no han sido procesos que se han llevado en buena fe: no se reconoce la autoridad de los representantes de las comunidades y sus procesos internos de decisión. Así también en varios casos se han reemplazado a funcionarios con los que se ha logrado llegar a acuerdos con funcionarios que no buscan el diálogo sino la imposición. Lo anterior agrava la situación de discriminación histórica y estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Así también, cuando los pueblos obtienen sentencias judiciales que amparan sus derechos y las autoridades gubernamentales las desacatan, el poder judicial no adopta medidas para exigir el cumplimiento de las mismas. Ello ha sucedido incluso ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este marco denunciamos la creciente presión política y las estrategias de manipulación en las comunidades, con el fin de destruir sus procesos políticos organizativos e imponer decisiones que favorecen los intereses de terceros sobre sus territorios y bienes naturales. De esta forma, subrayamos lo siguiente: 

a) Bajo los estándares internacionales aplicables, la consulta y el CPLI es un derecho autoejecutable. Es decir, no requiere reglamentación específica a través de ley para que surta efectos inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales;

b) Algunos aspectos de los proyectos de ley en discusión en los países de la región ya se encuentran normados en tratados y jurisprudencia de cortes constitucionales, de la Corte Interamericana y de otros órganos supranacionales de derechos humanos;

c) Varias organizaciones y pueblos indígenas en la región han manifestado su preferencia por otros mecanismos de implementación de la consulta y CPLI, tales como los protocolos comunitarios de autoconsulta y la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales vigentes;

d) La adopción de una ley específica es un ejercicio improductivo si los gobiernos no asumen políticas públicas pautadas en el verdadero respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México y Honduras, luego de la adopción de leyes específicas para protegerlos;

e) Los mismos gobiernos que defienden la adopción de leyes sobre consulta han flexibilizado los requisitos ambientales y sociales para la concesión de proyectos de inversión en territorios indígenas, vulnerando además el derecho de acceso a la información en el marco de los procesos de consulta;

f) Las leyes o decretos adoptados en algunos países, así como los proyectos legislativos en discusión, restringen el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previo libre e informado, el cual es expresamente reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia internacional;

g) Si uno de los fundamentos para la adopción de una ley es brindar seguridad jurídica, cabe recordar que, como regla general, los pueblos indígenas carecen de la debida titulación sobre sus territorios. La inseguridad jurídica que afecta de forma más grave a tales pueblos no es la inexistencia de reglas claras sobre consulta previa, sino la ausencia de políticas estatales para demarcar y titular los territorios tradicionales, en común acuerdo con los pueblos y comunidades.

Finalmente, reafirmamos que la autodeterminación debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales. Exigimos que los Estados respeten los espacios de organización y deliberación internas de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a definir sus prioridades de desarrollo en esos espacios debe regir cualquier actuación estatal. 

Alcaldia Indígena de San Juan Cotzal, Departamento del Quiché, Guatemala
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco
AIDA
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto
Centro Alexander von Humboldt (Nicaragua)
Colectivo Abogad@s
Colectivo MA OGM
Colectivo Apícola de los Chenes
Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta
CooperAcción
Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
Cooperativa Chac-Lol
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Derechos a la Tierra YA!
EDUCA
Fundación para el Debido Proceso
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
LAVIDA
Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya
Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida 
Oxfam México
PODER
ProDESC
Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPEE)
Servicios y Asesoría para la Paz
Tequio Jurídico A.C.

17 de noviembre de 2017

México: por primera vez identifican con nombre y apellido a los casi 32 mil desaparecidos que hay en el país




Regresan nombre y apellido a casi 32 mil desaparecidos


De las 33,482 personas desparecidas que había en México hasta junio 2017, la cifra más reciente en las estadísticas oficiales, en 70% de los casos hay omisiones y errores en descripción física, que impide saber con precisión a quién se busca.

Por eso, la organización civil Data Cívica se dio a la tarea de devolverle su identidad a los desaparecidos del fueron común que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), con el propósito de que no sean sólo una cifra en el portal de la Secretaría de Gobernación.

El resultado es la plataforma personasdesparecidas.org.mx, que identifica con nombre y apellido 31,968 casos, a partir de cotejar tres fuentes de información pública: los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la propia base de datos del RNPED.

Pero hay 309 personas sobre las cuales las fiscalías y procuradurías locales no tienen más información que su nombre, conocido sólo hasta ahora gracias a la base de datos de Data Cívica.

“En México, los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. No sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias. Este es un ejercicio que los nombra para poder convertir cifras en personas. #PersonasNoRenglones”, dice la página que contiene la base de datos elaborada por Data Cívica con el apoyo de otras 12 organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Entre las organizaciones que participaron están Enjambre Digital, Serapaz, el Movimiento por nuestros desaparecidos México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el sitio de noticias Animal Político.

“Nosotros no estamos poniéndole nombre a nadie, estamos regresándole nombre a las personas desparecidas que ya lo tienen”, dijo Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto suman 18,778 las personas desaparecidas, mientras que el panista Felipe Calderón cerró su sexenio con 13.486 casos que todavía están en el registro.

RETOMAN BASES DE DATOS

El RNPED se integró en febrero de 2013 con el registro de 24,957 personas desaparecidas hasta entonces, divididas en dos categorías: fuero común (por denuncia ante autoridades locales) y fuero federal.

A partir de ese momento, se ha actualizado y depurado de manera periódica, hasta sumar hoy 33,482 casos contabilizados hasta junio de 2017. De ese número, 32,277 corresponden al fuero común y 1,205 al fuero federal.

Para su base de datos, Data Cívica sólo consideró el fuero común porque, a diferencia del registro federal, los casos no tienen ni siquiera nombre, aunque sí el lugar y fecha de la desaparición, la edad y algunas características físicas como talla y complexión.

El nombre más reciente integrado a la plataforma es Elezar Efraín Hernández Trejo, quien desapareció en Querétaro. Tiene 15 años, una cicatriz en la pantorrilla y mide 1.67 de estatura.

“A la base de datos del RNPED entran y salen personas sin que tengamos claridad sobre por qué es así”, dijo Meltis, durante la presentación de la plataforma que ya está disponible en internet para cualquier usuario.

Un ejemplo es el caso de Alejandra, la hija de Bertha Beltrán que desapareció en 2013. Su madre, quien participó en la presentación de la plataforma, se hizo buscadora para hallar a su hija. Y lo hizo 3 años después, el 29 de noviembre de 2016. Pero el nombre de Alejandra sigue apareciendo en los registros oficiales.

“Mi hija no debería estar ahí, debería estar siendo investigada por feminicidio, y me dicen que no”, dijo Bertha.

Pero México “sabe mejor cuántos barriles de petróleo produce al día que cuántas desaparecen y quiénes son esas personas”, dijo Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

LABORIOSA BÚSQUEDA

Data Cívica hizo la reconstrucción de nombres de personas desaparecidas, cotejando los atributos que contiene la base de datos del RNPED con los padrones de la Sedesol y el IMSS.

En un comunicado explica que “para hacer esta reconstrucción hicimos miles de consultas automatizadas a la plataforma de consulta en línea del RNPED, que permite buscar a las personas por atributos personales, nombre o apellido”.

Por ejemplo, explica, “si buscas a alguien de apellido González la plataforma arroja todos los registros de alguien que tiene ese apellido, aunque no hay manera de saber los nombres completos de las personas que tienen de apellido materno o paterno González”.

Data Cívica, por lo tanto, hizo miles de búsquedas automatizadas, usando un diccionario de nombres comunes que construyó a partir de las bases públicas del padrón de beneficiarios del IMSS y de la Sedesol.

“Durante este proceso automatizado descargamos 17 mil 731 bases de datos de registros relacionados con cada nombre y apellido y luego reconstruimos los nombres completos de cada persona a partir del resto de información de cada renglón (estado, municipio, sexo, edad, etc.)”.

Es decir, una vez descargados todos los nombres y apellidos del registro en bases pequeñas e independientes, se utilizaron los atributos asociados a cada nombre y cada apellido para generar identificadores únicos por fila. Los identificadores únicos permiten conectar los nombres con los apellidos y poder reconstruir el nombre completo de una persona.

Para verificar la precisión de este ejercicio, después de asociar a cada individuo con un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, buscaron sus nombres completos reconstruidos en la misma plataforma y comprobaron que estaba cada uno relacionado con un registro.

De esta manera, Data Cívica le ha devuelto su nombre a 31,968 personas no localizadas en México, como obliga la Ley General de Desaparecidos, que todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

8 de noviembre de 2017

EXTIENDEN HASTA 2021 LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD INDÍGENA



EN UNA VOTACIÓN UNÁNIME, DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA.

En un debate de más de dos horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley por 214 votos afirmativos la prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena hasta el 23 de noviembre de 2021. La ley busca frenar los desalojos de los pueblos originarios y realizar un relevamiento de sus tierras.

El miembro informante del proyecto fue Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, quien mencionó que en el país “viven más de 30 pueblos indígenas, que representan entre el 2,4 y el 3 % de la población, organizados en 1.600 comunidades”.

“Quedan por relevar más de un 70% de sus tierras. Esperamos que sea la última prórroga; hay muchos pueblos originarios que están esperando tener certezas sobre los derechos de las tierras que ocupan”, dijo Lipovetzky. “La prórroga es muy importante, tenemos que avanzar hacia verdaderas políticas de diálogo y articulación con los pueblos originarios”, manifestó.

Por su parte, el diputado Jorge D´Agostino, de la Unión Cívica Radical, se mostró de acuerdo con el proyecto pero expuso sus reparos sobre la prórroga. “Debería ser una ley que se incorpore a los tratados internacionales para que los consejos de participación indígena participen en la conceptualización sobre qué es un pueblo originario”, afirmó. Y enfatizó que “hay que terminar con la prórroga eterna”. 

El diputado Eduardo Amadeo, de Unión PRO, manifestó que “no es cierto que la única vía para la resolución de estas problemáticas sea el conflicto”. “La ley que estamos prorrogando es resultado de un fracaso, no lograremos hacer valer los derechos de los pueblos originarios con bombas molotov”, resumió. 

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Santiago Igón denunció que “desde el 2015 al 2017 no se entregó un solo título de propiedad comunitaria”. “A lo largo de este año hemos visto el maltrato y la vejación hacia los pueblos originarios”, criticó. “Ojalá sea la última prórroga; debemos respetar la Constitución Nacional donde se incluye a los pueblos originarios como tales”.

Darío Martínez, de la misma bancada, dijo que en Neuquén “ha generado angustia que no se haya avanzado en los relevamientos”. “No alcanza con la prórroga porque hay que dotarla de partidas presupuestarias y de equipos técnicos”, agregó. 

En tanto, la diputada Adriana Nazario, de Unidos por una Nueva Argentina, dijo: “Hace más de diez años que está en emergencia este tema. Es muy urgente que lo resolvamos, tendrán que funcionar las auditorías para que las cosas se hagan”.

Por el bloque Justicialista, el diputado Pedro Rubén Miranda adelantó la postura favorable de su bancada y pidió a las Comisiones y al Jefe de Gabinete informes acerca del avance sobre el cumplimiento de la ley.

En nombre del Peronismo para la Victoria, la diputada Silvia Horne respaldó la normativa, pero criticó que “están faltando las voces de los protagonistas; estamos haciendo interpretaciones con la ausencia expresa sobre quienes estamos legislando”.

“En Río Negro se relevó el 50% del territorio: es la presencia de la lucha indígena la que posibilita la prórroga por cuatro años. Este Congreso tiene una deuda histórica con los pueblos originarios”, sostuvo Horne. 

Asimismo, los bloques de Libres del Sur, Proyecto Sur, Compromiso Federal y del Partido Socialista también apoyaron la media sanción que extiende la ley 26160. “Esperamos que el Estado nacional y las provincias cumplan con sus objetivos”, apuntó Alicia Ciciliani, del socialismo. 

El Frente de Izquierda, representado por el diputado Pablo López, denunció que “hay empresas que se quieren quedar con las tierras de los pueblos originarios”. “Hemos tenido una brutal represión al pueblo mapuche que terminó en la muerte de Santiago Maldonado. Esta ley garantiza un amparo y permite ganar tiempo a los pueblos por el derecho a su tierra”, afirmó López.

7 de noviembre de 2017

Barrick Gold y las dos Justicias




Están acostumbrados a destruir montañas. Se dedican a eso, a extraer oro y minerales de sus entrañas. Y para hacerlo no sólo cuentan con máquinas, trabajadores, tecnología y expertos internacionales. También, por supuesto, con mucho dinero y capacidad de lobby. Son estas las herramientas que les permiten perforar otras estructuras: la de los poderes de los Estados, generalmente más permeables que las montañas y más contaminadas que los ríos que las empresas mineras también se dedican a destruir.

¿Pero qué pasa cuando no alcanzan los billetes ni las influencias para avanzar en sus proyectos? ¿Qué sucede cuando enfrente hay personas, organismos o instituciones que, pese a presiones y amenazas, se mantienen firmes?

Un ejemplo y un principio de respuesta -temporaria, porque habrá que ver cómo sigue la historia- puede encontrarse en la reacción de Barrick Gold respecto a la causa que investiga violaciones a la Ley de Glaciares en los emprendimientos mineros Veladero y Pascua Lama.

La “noticia” que en los últimos días “se repitió” fue que la minera canadiense, a través de su director ejecutivo, Fernando Giannoni, pidió la recusación del juez federal Sebastián Casanello por "prejuzgamiento inadmisible, una marcada animosidad en contra de Barrick y una clara parcialidad en favor de la Asamblea Jáchal No Se Toca”.

Como Casanello rechazó la acusación, ahora será la Cámara Federal porteña quien tenga la última palabra.

Pero la “noticia” que no circuló es que, hace poco más de un mes, la Cámara rechazó otro pedido de nulidad de la causa presentado por Barrick e instruyó a Casanello a seguir investigando. Significó un nuevo revés para la minera, que desde un principio puso trabas en la investigación: ya cuestionó, sin éxito, la competencia del juez, la constitución como querellante de la Asamblea de Jáchal No se Toca y hasta el peritaje del reconocido hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, quien tras su visita a la mina, además de revelar que se le negó información, confirmó que “Veladero está construida sobre ambiente periglaciar” y que “cuando deje de operar, la roca de desechos que permanezca va a seguir contaminando el agua”.

En ese sentido, el escrito presentado hace unos días por Barrick aparece como un manotazo más de una empresa que, por primera vez, ve que corren riesgo sus proyectos. El propio juez manifestó en abril pasado que “la producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados".

“Están desesperados porque en esta causa lo que se está reconstruyendo es la Ley de Glaciares y ellos saben que la violan. Por eso están buscando todas las formas de frenarla, a pesar de que ni siquiera son parte en el expediente, porque esta es una causa penal en la que se están investigando las complejas maniobras que se llevan adelante para incumplir la ley”, dice Enrique Viale, abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, único querellante de una causa “histórica”, con más de 30 testimonios y en la que fueron llamados a indagatoria ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente, de la Administración de Parques Nacionales y del Instituto Argentino de Nivología y Glacilogía (IANIGLA).

La contracara es la causa que en San Juan -por decisión de la Corte Suprema, que decidió desdoblar la competencia- lleva adelante el juez Pablo Oritja, encargado de juzgar la responsabilidad de los funcionarios provinciales y de los directivos de Barrick Gold en el mayor derrame de cianuro en la historia argentina. Pese a que no se conoce la cifra exacta del accidente del 13 de septiembre de 2015 (fueron millones de litros de solución cianurada y otros metales pesados que se vertieron en el Valle y el río Potrerillos) y que volvieron a repetirse fugas en 2016 y 2017, Oritja decidió que Veladero vuelva a funcionar en junio pasado. Por otra parte, rechazó el pedido de los asambleístas para presentarse como querellantes.

“La parte provincial es una muestra evidente de lo que pasa, a lo que están acostumbrados. Oritja les garantiza impunidad y las causas no avanzan”, apunta Viale, para quien “sería un escándalo si se acepta la recusación a Casanello, porque eso ya significaría que Barrick elige directamente a los jueces que quiere”.

“Acá lo que no se dice es que están queriendo reflotar el proyecto Pascua Lama, que del lado argentino ocupa el glaciar Toro 1, que mide menos de una hectárea”. ¿A qué se refiere Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca?

“La Ley de Glaciares dice que se deben inventariar todos los cuerpos de hielo sin importar su forma ni su dimensión. Sin embargo, en el manual trucho realizado por IANIGLA y avalado por el Ministerio de Ambiente, se modifica la ley y dice que se van a inventariar sólo los cuerpos de hielo superiores a una hectárea. De eso justamente se agarra Barrick para dejar afuera el glaciar Toro 1 y que se pueda hacer la obra de Lama”, dice Zeballos, quien además agrega que “del lado chileno, la obra también está detenida por sentencias judiciales, ya que se detectaron al menos 21 faltas graves al medioambiente”.

Consultado por este y otros temas, desde Barrick respondieron que “los emprendimientos Veladero y Lama han sido debidamente auditados conforme al artículo 15 de la ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección de glaciares, y se concluyó que sus actividades -actuales y proyectadas- no afectan directa ni indirectamente ninguna de las geoformas existentes en los ambientes glaciares y/p periglaciares protegidos por esta ley”.

Desde el departamento de Prensa también negaron responsabilidad de la minera canadiense respecto a otro tema que alarma en Jáchal y otras poblaciones cercanas a Veladero: los altos niveles de mercurio detectados en el agua para consumo humano, según estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan.

“Mientras que el máximo de mercurio establecido, según el Código Alimentario Argentino, no puede superar un microgramo por litro, en julio los niveles alcanzaron los 4 microgramos por litro, y 3 en agosto”, denunciaron desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, desde donde vienen reclamando al municipio los resultados de septiembre y una explicación sobre los motivos que no llega.

Si bien este incremento representa hasta un 300 por ciento más de los niveles de mercurio permitido, desde Barrick insistieron que “los incidentes ocurridos en Veladero y comunicados a las autoridades de control fueron mitigados y controlados. Asimismo, los monitoreos realizados por la compañía, por la autoridad y por terceros demostraron que no causaron ningún tipo de impacto en las personas o a las comunidades”.

“Es que este tema no lo quieren tratar justamente porque Barrick, allá en Veladero, además de los productos principales, como el oro, la plata y otros metales, también produce como subproducto mercurio”, precisa Saúl Zeballos. Y agrega: “En todos los derrames que hubo, confirmado por los estudios, se elevó el nivel de mercurio en el agua superficial, la que llegaba por el río, hasta en un 1000 por ciento. Pero esto del agua de consumo es nuevo, allí no se habían detectado niveles de mercurio. Por eso nos preocupamos. Incluso algunos padres fuimos a las escuelas para que no se consuma el agua de las canillas y eso les generó problemas a las autoridades escolares. Lamentablemente acá en Jáchal es así. Se trata de meter miedo y de que no se hable del tema del agua”.

Por: Maxi Goldschmidt
Fuente: Foro Ambiental (07.11.17)

6 de noviembre de 2017

Acta de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el CRIC




5 noviembre 2017

En el resguardo de La Mercedes, del territorio Sat-Tama Kiwe del municipio de Caldono nos reunimos el gobierno nacional y las autoridades indígenas de la minga, Por la vida, el territorio, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos, celebrando el siguiente acuerdo.

Compromisos del Gobierno Nacional
  • Las mesas se reinstalan oficialmente mañana lunes 6 de noviembre de 2017 lo más temprano, dependiendo de las situación de transporte de la comisión.
  • Una vez se reinstale la mesa de negociación entre el gobierno y el CRIC, el lunes 6 de noviembre, empezará el despeje de la carretera Panamericana y al mismo tiempo se retirará el ESMAD.
  • El Decreto con fuerza de ley que da fuerza el 982 de 1999 estará firmado el miércoles 8 de noviembre de 2017.
  • El Gobierno Nacional hará una solicitud a las autoridades judiciales para aplicar la directiva No 008 de 2016. El gobierno propiciará una reunión con el director nacional de fiscalías en el menor tiempo posible.
  • El gobierno hará un llamado, a través de los medios de comunicación regional, a la no estigmatización de la protesta social y rechazará las expresiones que incitan a la violencia contra el CRIC y las comunidades indígenas.
  • Se reinstala la mesa con la minga regional el lunes 6 de noviembre e inmediatamente se agoten los temas relativos al Departamento del Cauca, se instalará la mesa nacional.
Compromisos de la Minga
  • Desbloqueo de las vías en todos los puntos una vez se reinstale la mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional el lunes 6 de noviembre, y se mantendrá acorde con el cumplimiento en el marco del desarrollo de las mesas.

El CRIC manifiesta que continuará con la “minga por el territorio, la vida, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos”, hasta agotar el desarrollo de las negociaciones con el Gobierno Nacional.

Compromiso Conjunto

El Gobierno Nacional y el CRIC, en la medida en que a partir del lunes 6 de noviembre empezará el desbloqueo de las vías, harán, desde este momento, todo lo posible para evitar cualquier acto de confrontación y mantener un clima de paz y convivencia que permita un dialogo fluido para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de los pueblos indígenas del Cauca.

Naciones Unidas, MAP OEA y la Defensoría del Pueblo, harán monitoreo de este acuerdo, en los diferentes puntos geográficos en coordinación con el programa de defensa de la vida y los derechos humanos del CRIC.