UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

23 de marzo de 2017

El desmonte disminuyó 40% de los servicios ecosistémicos en Salta

Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono o evitar el ascenso de las napas.

deforestaciónAl poseer menos cobertura vegetal, las áreas desmontadas pierden capacidad para proveer el servicio de regulación hídrica. Esto causa un aumento en la recarga de los acuíferos, el ascenso de las napas freáticas y serios problemas de salinización. Foto: centromandela.com
(SLT-FAUBA) En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio.
José Paruelo
El IPSE puede ser usado como un indicador agregado del estado o las tendencias en la provisión de servicios ecosistémicos en escalas espaciales grandes.
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
Desmonte en Salta
El desmonte reduce drásticamente la cobertura vegetal. Esto resalta la necesidad de contar con situaciones de referencia para poder comparar, y revaloriza la importancia de constituir una red amplia de áreas protegidas que cubra los distintos ecosistemas del país. Foto: Greenpeace
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.

Los servicios ecosistémicos en la Argentina

modis sobre landsat
El uso de sensores remotos es clave para el estudio de la superficie terrestre en escalas de poco detalle.
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
mapa de provisión de SE
El mapa de tendencias en el IPSE muestra que, para el período 2000-2013, la mayor parte del territorio sufrió una disminución en el nivel de provisión de SE.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.

20 de marzo de 2017

"Argentina es un laboratorio de Monsanto"

El biólogo francés Nicolas Defarge participó de un estudio europeo que detectó efectos graves del glifosato en riñones e hígado.

"El problema es que las industrias estudian el glifosato solo y lo que usan los productores son combinaciones de químicos cuyos efectos nunca fueron evaluados de manera crónica en animales", dijo el biólogo francés.

Los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana son un tema cada vez más debatido en países con fuerte desarrollo agrícola. Es el caso en Argentina y también en Francia, donde un equipo de la universidad de Caen Normandia descubrió los daños severos en riñón e hígado que produce en mamíferos el Roundup, uno de los herbicidas más utilizados del mundo.

Nicolas Defarge es uno de los biólogos que formó parte de ese equipo dirigido por el Dr. Gilles Seralini del Instituto de Biología Aplicada de la Universidad Caen Normandia.

Defarge _que ahora trabaja en el Institute of Integrative Biology, Department of Environmental Sciences de Zurich (Suiza)_ participó como testigo del tribunal a Monsanto realizado en La Haya (Holanda) a mediados del año pasado, y estuvo en Rosario para conocer de primera mano la realidad de esta zona y estrechar contactos con el equipo de salud socioambiental de la facultad de medicina de la UNR, que investiga sobre el terreno los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana en el sur de Santa Fe.

“Lamentablemente Argentina es un laboratorio de Monsanto, Syngenta y otros, acá todos los OGM están autorizados y por lo tanto todos los pesticidas asociados a ese modelo también”, dijo el experto francés, quien detalló que las investigaciones de las cuáles formó parte demuestran los efectos perturbadores endocrinólogos y tóxicos de los herbicidas con base en glifosato.

¿Por qué decidieron trabajar sobre los efectos del glifosato?

El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo, se usa en cultivos modificados de soja y en algunos maíces y también se usa en Francia con trigo y otros cereales. Hoy encontramos trazas de glifosato en todas partes, en los animales, en la cerveza y en las pastas. Es la segunda causa de prohibiciones de tomar agua potable en Francia, donde también ha sido encontrado. Pero por ejemplo en mi país no se busca glifosato en el vino, a pesar de que si se investiga la presencia de otros 200 tipos de pesticidas. ¿Por qué? Porque ese test estaba protegido por una licencia de Monsanto. Extrañamente, a pesar de ser el primer pesticida utilizado en el mundo no se busca su presencia en los vinos de Francia. La respuesta es que Monsanto puso mucha plata para hacer creer que el glifosato es seguro y que su utilización no implica ningún peligro.

¿En qué consistió el estudio del cuál participó?

Trabajamos sobre un OGM cuya importación está autorizada en Francia que se les da a los animales, es un tipo de maíz tolerante al Roundup. También trabajamos con Roundup en si mismo, ya que es un producto autorizado por las agencias de alimentación en todo el mundo. El problema es que las industrias estudian el glifosato sólo, y lo que usan los productores son combinaciones de químicos cuyos efectos nunca fueron evaluados de manera crónica en animales, algo escandaloso. Todos piensan que los productos que están en el mercado fueron testeados de forma científica, pero no es así. Son las industrias, Monsanto u otros, los que hacen sus propios estudios en laboratorios amigos sobre el glifosato puro, pero no lo hacen en Roundup ni en otros productos combinados. Hemos demostrado que el Roundup sobre células humanas es entre 1.000 y 10 mil veces más tóxico que el glifosato solo, porque el Roundup tiene coadyuvantes que son tóxicos.

Entonces el problema es la combinación de productos...

La combinación es el problema, ya que el glifosato solo es mucho menos activo, aunque muchos estudios muestran que aún así también es tóxico. Pero si se agregan las combinaciones con coadyuvantes se convierte en algo mucho más tóxico todavía. Nuestra dosis más baja de estudio fue una dosis autorizada en el agua potable de 0,1 microgramo por litro, la mitad del límite reglamentario que existe en Francia y en Europa. Estamos varias miles de veces por debajo de lo autorizado en Estados Unidos, y si bien no conozco esa dosis para Argentina es por ejemplo muy inferior a la que se encuentra en la soja OGM brasileña. O sea que trabajamos con una dosis muy débil, con técnicas que son las mejores hoy en día para estudiar los efectos sobre los órganos

¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios?

Con esa dosis de estudio en ratas hembras vimos efectos dramáticos en riñones e hígado, algo que cuestiona todas las autorizaciones a agroquímicos, y por ende todo el sistema agrícola tal como lo conocemos hoy. Porque si con una dosis más baja de la autorizada tenemos estos efectos, quiere decir que habría que prohibir todos los productos autorizados hasta ahora por las agencias. Toda la soja argentina y otros OGM deberían estar prohibidos de importación en Europa, y eso cuestionaría todo el sistema agrícola. Según estos resultados todos los productos agroindustriales deberían estar prohibidos, deberíamos prohibir los pesticidas empezando por el Roundup para ir hacia otro sistema agrícola que sea orgánico o agroecológico.

¿Qué pasó una vez que publicaron el estudio en Estados Unidos?

Nuestros resultados no les gustaron a las agencias sanitarias porque contradicen sus declaraciones y los intereses de las empresas del sector. Recibimos críticas y muchas presiones, y la revista donde publicamos nos pidió revisar nuestros datos. A pesar de ser válido, el estudio fue despublicado de esa revista estadounidense, pero la pudimos republicar muy rápido en otra revista europea. Fue evaluado tres veces en total por otras tres publicaciones. Ahora ya tenemos varios estudios que confirman los resultados del equipo de Seralini. Después de este estudio, y gracias a sus resultados, en Europa se hacen test obligatorios sobre los nuevos OGM, pero eso no pasa en América del Sur ni en Estados Unidos. Es un pequeño progreso ya que se prohibieron algunas formulaciones con base de glifosato que contienen un adyuvante determinado que es muy tóxico.

¿Existe mayor conciencia sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana?

Hay una toma de conciencia masiva sobre los efectos de los pesticidas en Europa y vamos mejorando en ese sentido. Pero los productores son las primeras víctimas, es importante decirlo. Hay productores que enfermaron de cáncer por usar un producto de Bayer, y luego ven que el remedio que tienen que tomar para curarse también es marca Bayer, lo que hace crecer las dudas y las sospechas. En Europa hubo una conciencia precoz sobre los OGM y eso generó que exista un sistema de etiquetado único en el mundo. Muchas organizaciones sociales detectaron que el beneficio de los OGM era para las industrias, y no para los consumidores. Creo que vamos hacia un uso cada vez más limitado de los pesticidas también, ya que hay cada vez más estudios que demuestran sus efectos negativos sobre la salud humana.

Los han acusado de ser militantes y no científicos...

Nosotros usamos los medios de la ciencia, pero nos sentimos militantes de la salud pública, de la salud humana. Nos acusan de ser militantes y decimos que si, que somos militantes de la salud humana. Los pesticidas, según mi visión y la de muchos otros científicos, son responsables de muchas enfermedades. Es probable que ya haya más muertes relacionadas con pesticidas que los muertos de la Segunda Guerra mundial, hay que decirlo muy claramente a eso. Además, se generan enormes costos para el Estado. El glifosato fue clasificado hace poco como probable cancerígeno, lo que significa que cada vez hay menos dudas. Lamentablemente Argentina es un laboratorio de Monsanto, Syngenta y otros, acá todos los OGM están autorizados y por lo tanto todos los pesticidas asociados a ese modelo también.

Colaboración local

Una de las razones de la visita a la ciudad de científico francés fue estrechar lazos académicos con el equipo de salud socioambiental de la facultad de medicina de la UNR que dirige Damián Verzeñassi, que con casi 100 mil personas relevadas a través de los campamentos sanitarios ha elaborado una foto muy precisa de los efectos tóxicos de la exposición prolongada a agroquímicos en el sur de la provincia de Santa Fe.

Para Verzeñassi “es muy importante” poder pensar en un trabajo conjunto entre el equipo de trabajo local y Defarge, a quien conoció durante el juicio a Monsanto de la Haya.

“Para nosotros es muy importante que otros expertos vean nuestro trabajo y nos evalúen, es algo muy estimulante, y además es bueno saber que existen otros investigadores que se interesan por nuestro trabajo y puedan validar nuestros resultados”, dijo el experto de la UNR, quien ratificó que la intención es ir “hacia una evaluación externa permanente”.

Defarge, por su lado, ponderó el trabajo realizado por ese equipo de la facultad de medicina ya que permite ver y analizar en el terreno los efectos de los agroquímicos sobre una población estudiada de casi 100 mil personas. “Son datos relevantes”, destacó.


por Jorgelina Hiba / La Capital

Tras la quita de retenciones, 17 empresas clavan sus garras en el litio argentino

Vista aéra de una explotación de litio en Chile

Consolidados los últimos beneficios impositivos otorgados por el macrismo a las compañías que desarrollan minería en el país, 17 empresas extranjeras arribaron con el único objetivo de extraer el metal. Argentina, otra vez, viste el traje de mero proveedor de materias primas. El grueso de los privados pertenece a Canadá aunque también hay participación de corporaciones australianas y estadounidenses. El hidrogeólogo Fernando Díaz fue contundente al carterizar sintéticamente los impactos de la minería de litio: “Hay que estimar que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua. Esta es una evidencia de que la minería de litio en salares no es más que una minería de agua”.

Ayer perspectiva, hoy realidad. Hasta hace menos de un lustro, las especulaciones en torno a la expansión del negocio del litio daban cuenta del eventual protagonismo de Argentina en la explotación del recurso.

Esto, claro, a partir de la escasez del material a nivel global y la constatada riqueza local. Quita de retenciones mediante, puede afirmarse que la fiebre por el mineral oculto debajo de los salares domésticos ya es un estadio dominante.

En ese sentido, un documento confeccionado por la Secretaría de Minería al que tuvo acceso Adelanto 24 expone que, tras los últimos beneficios impositivos otorgados por el macrismo a las compañías que desarrollan minería en la Argentina, 17 empresas arribaron al país durante 2016 sólo con el único objetivo de extraer el metal.

El grueso de los privados pertenece a Canadá aunque también hay participación de corporaciones australianas y estadounidenses. Las 17 en cuestión integran un grupo de 22 mineras que se instalaron en el mercado vernáculo a lo largo del año pasado.

En detalle, las firmas que vinieron por el litio:
Albermarle Corporation, de Estados Unidos y con proyecto iniciado en la provincia de Catamarca.
PepinNin Minerals. Australiana, con activos en Salta.
También de Australia, instalada en La Rioja.
Everlight Resources. Australia, con presencia en Salta.
Neo Lithium, de Canadá y con obras a iniciar en Catamarca.
Regent Resources. Canadiense, presente en Catamarca.
Millennial Lithium. De Canadá, instalada en Salta.
Advantage, canadiense también en Salta.
Southern Lithium. De Canadá, en Salta.
Ganfeng, también en Salta. Origen: Canadá.
SQM: canadiense, en Jujuy y con participación en el negocio del litio chileno.
Argentina Lithium, de Canadá y presente en Salta.
Lithium X: canadiense, en Salta.
Lithium S: canadiense, en Jujuy.
Alba Minerals. También de Canadá, con proyecto en Salta.
Trans Pacific Minerals. Australiana, en La Rioja.
Dark Horse. De Australia, con operaciones en Río Negro, Córdoba y San Luis.

De acuerdo al sitio especializado EconoJournal, las mineras en cuestión todavía no dieron a conocer montos totales de inversión ni plazos de trabajo.

El mineral en cuestión es observado dentro de las filas de Cambiemos como un activo estratégico para reposicionar una actividad minera que despegó con fuerza durante los años del kirchnerismo. El litio es considerado un compuesto clave para el desarrollo de baterías tanto para automóviles como para todo tipo de dispositivos electrónicos.

Junto con Chile y Bolivia, Argentina posee más del 70% del litio que existe en el planeta. En los últimos años, las automotrices fueron las principales interesadas en las reservas constatadas sobre todo en la zona de la Puna.

En ese sentido, Renault -vía una asociación con la también francesa Eramet-, y Mitsubishi en alianza con Exar, ya controlan áreas ricas en el compuesto en provincias como Jujuy y Salta.

En lo que hace a las particularidades del compuesto, vale decir que el litio se concentra básicamente en zonas de salares, y su extracción consiste en el bombeo de una salmuera -o sea una parte mineral con enormes cantidades de agua- que se acumula bajo dichas superficies. El líquido luego es acumulado en piletas que, sometidas a distintos procesos químicos, originan el mineral que tanto desvela a las tecnológicas.

Este aspecto es presentado por las compañías como ausente de todo riesgo ambiental para el Norte argentino, pero la realidad es que el “boom” del material golpeará de lleno la estabilidad de los ecosistemas de la Puna.

Contactado por Adelanto 24 en abril del año pasado, el hidrogeólogo Fernando Díaz fue contundente al respecto: “Hay que estimar que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua. Esta es una evidencia de que la minería de litio en salares no es más que una minería de agua”.

Según el especialista, la perforación intensiva derivará en la desaparición progresiva de las escasas lagunas que subsisten en torno a los salares. Esto último, porque el bombeo de la salmuera genera un descenso del agua subterránea de las cuencas de la Puna en general.

Rodolfo Tecchi, biólogo con amplio conocimiento en este tipo de minería, tampoco ocultó los efectos nocivos de una explotación que ahora se alienta desde el Gobierno. “Por un lado, se verá afectada la superficie de la costra del salar, porque la obtención del mineral implica la construcción de piletas de evaporación que, en conjunto, pueden sumar entre 300 y 600 hectáreas de superficie”, destacó.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido comentarios respecto del destino de los compuestos químicos que se utilizan para separar el litio de la salmuera que encierran los salares. Es evidente que las posibilidades económicas que abre el mineral seducen a los funcionarios más que los potenciales daños al medioambiente.

Al respecto, un informe de la consultora Allied Market Research estima que el mercado mundial de las baterías de litio podría acercarse a los 46.000 millones de dólares en 2022.

En tanto, compañías como Tesla prevén que en la próxima década desarrollarán hasta 500.000 vehículos eléctricos por año. Ejecutivos de la firma anticiparon que tal ritmo de producción demandará la compra de todo el litio que posean territorios como el nuestro.

“Argentina tiene la posibilidad de marcar la diferencia en el aspecto energético del mundo de acá a una o dos décadas ¿va a dejar pasar la posibilidad? No podemos ser tan necios de desaprovechar una riqueza única. Esa es la dirección que ha tomado el Gobierno, con decisiones a largo plazo. La expansión de la extracción del litio será una marca de esta gestión”, sostuvo ante Adelanto 24 una fuente del Ministerio de Energía y Minería.

No existe duda alguna de que la política del macrismo apunta al protagonismo minero. Y con énfasis en la mera actividad extractivista. Hasta el momento, ninguno de los actores que ha desembarcado en la actividad local para explotar el litio avanzó con iniciativas domésticas inherentes al procesamiento o aprovechamiento industrial del mineral.

Argentina, otra vez, viste el traje de mero proveedor de materias primas. Queda claro que, en términos de política económica, nada ha cambiado demasiado.

Fuente: Adelanto 24

HUBERTO BOURLON APODERADO - La finca Tres Pozos desmontó ilegalmente en territorio provincial

De acuerdo a un expediente judicial, la finca Tres Pozos, donde figura como apoderado el empresario frances Huberto Bourlon de Rouvre, fue una de las que desmontó ilegalmente durante los años 2009 a 2011 en la provincia.

El empresario frances Huberto Bourlon de Rouvre, figura como apoderado de la Finca Tres Pozos.

Fue en el lapso en que la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender toda actividad de tala y desmonte en Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

La finca adquirió notoriedad en los últimos meses por los reclamos mediáticos de su apoderado; aparece en un listado de fincas que elaboró la Secretaría de Ambiente, y muchas de esas propiedades pertenecen a funcionarios y familiares del gobernador como así también a empresarios y aliados políticos, entre ellos el senador nacional, Juan Carlos Romero.

Según se pudo saber, la finca de Bourlon Rouvre es una de las propiedades que podrían enfrentar serios problemas legales por violar una orden dictada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de marzo del año 2009, cuando los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt (f), Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay (f) decidieron hacer lugar a un planteo realizado por el cacique Dino Salas, quien pedía que se frenen los desmontes ilegales en el norte provincial.

Frente a este pedido, y ante la ausencia de una política definida respecto al tratamiento de los bosques nativos de parte del Gobierno salteño, la Corte Suprema ordenó hacer lugar a una medida cautelar a través de la cual quedaron suspendidos los desmontes entre 2009 y diciembre de 2011.

La medida abarcaba, en especial, a los terrenos que se hallaban definidos como Areas de Protección Boscosas, conocidas como zonas rojas dentro del mapa de ordenamiento territorial.

La finca Tres Pozos, la cual en realidad es propiedad del grupo empresarial Almanzor S.A.,tendría estrechos vínculos con funcionario del Gobierno provincial y nacional, en particular con la familia Macri, aparece dentro de las áreas totalmente prohibidas para desmontar.

Pese a ello, y según actuaciones de la propia Secretaría de Ambiente, la finca Tres Pozos llevó adelante tareas de desmontes, y con ello afectó seriamente no sólo la pérdida de arboles nativos, sino también la de animales en peligro de extinción.

Se trata del catastro 9.550, según trascendió, matrícula que aparece en un listado que el Gobierno mantiene bajo reserva. Lo que agrava la situación de Almanzor S.A. es que el terreno desmontado ilegalmente no fue cambiado, sino que mantiene el nivel “rojo”.

Quiere decir que para la Provincia ese terreno sigue siendo de gran importancia ambiental, aunque nunca llevó adelante actuaciones administrativas al respecto, ni tampoco remitió en su momento las actuaciones a la Justicia para que Almanzor S.A. sea sometida a un proceso penal por el delito de “desobediencia judicial”.

En el caso de Juan José Karlen, el finquero que fue condenado por desmontar ilegalmente en el departamento San Martín, y demandado por una suma de 171 millones de pesos, el Gobierno provincial no dudó en dejarlo expuesto y realizar todas las actuaciones administrativas del caso.

Con respecto a la finca Tres Pozos, y pese a que se trata de un caso idéntico al de Karlen, el Gobierno nada hizo para avanzar en contra del grupo Almanzor S.A. y Bourlon de Rouvre.

Por debajo, en tanto, se ocultan otras propiedades, cuyas razones sociales a su vez mantienen en silencio a personajes estrechamente vinculado a sectores de poder, no sólo de la provincia sino de Capital Federal, donde estos personajes obtienen una importante cobertura mediática.

Fuente: Nuevo Diario

El gobierno nacional ofrece explotar el Famatina en una feria minera en Canadá




Nevado de Famatina

Pese al reciente anuncio del ministro de Defensa nacional, el riojano Julio Martínez, de que no habrá megaminería en La Rioja, el gobierno llevó a una feria minera en Canadá un folleto en el que se ofrecen varios yacimientos en la provincia, incluido el Nevado de Famatina.


El presidente Mauricio Macri había prometido desde el inicio de la campaña electoral respetar la licencia social en todo el país, pero apenas asumió envió a los ministros Rogelio Frigerio y Sergio Bergman, de Interior y Ambiente, respectivamente, a plantear la necesidad de volver a debatir -una vez más- la cuestión minera en La Rioja.

Frente a la absoluta falta de apoyo y la incómoda posición de los dirigentes de Cambiemos locales, Martínez había dicho hace pocos días que Macri le había prometido respetar la licencia social.

Sin embargo, en el folleto que EL FEDERAL ONLINE publica a continuación se puede ver que una enorme cantidad de yacimientos ofrecidos en la provincia, muchos de los cuales para ser rentables deberían ser explotados a través de la explotación a cielo abierto y con el uso de cianuro, y otros que violan la ley de glaciares.


El folleto fue elaborado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para que los funcionarios argentinos lo presenten en la DAC International Convention, Trade Show & Investors Exchange, la convención minera más grande del mundo, que se realiza en Canadá.

No obstante, el problema no es exclusivo de La Rioja, ya que también se ofrecen proyectos en provincias en las que el uso de cianuro está directamente prohibido. En efecto, Macri ya anunció inversiones en esas provincias, por lo que se descuenta que Cambiemos intentará derogar esas normas sancionadas para proteger el ambiente.
Por Juan Pablo Parrilla Branda

Fuente: El Federal